El líder de la comunidad, Félix Díaz, expuso sobre las necesidades de su comunidad “los padecimientos y penurias que mis hermanos aborígenes sufren a la hora de pedir asistencia médica en los centros de salud y hospitales de la zona, la falta de respuesta a los pedidos de agua a los municipios de la jurisdicción, nos sentimos discriminados – denunció - a esto se suma el hostigamiento permanente de la policía”.
“A raíz de que comenzaron a desmontarnos el bosque donde vivíamos, y sin saber cuál era la medida más apropiada para combatir contra esas injusticias, vinimos a cortar la ruta”, explicó Díaz sobre el comienzo del conflicto, y agregó “cortar la ruta es ilegal, se viola el derecho del otro y la libre circulación pero nadie respeta nuestros derechos ¿Quién tiene más derechos: nosotros o el blanco?”
Amnistía Internacional alertó sobre el incumplimiento de la ley 26.160 que permite a todos los pueblos indígenas del país vivir en sus tierras ancestrales sin sufrir ataques ni desalojos ilegales, y exige al estado que cumpla sus compromisos internacionales para que el respeto por los derechos de los pueblos indígenas sea un realidad.
“Son un ejemplo de lucha –dijo Gabriela Boada- y no deben sentirse avergonzados de ninguna manera. Sabemos día a día de las cosas que les sucede y nos ponemos a disposición de ustedes abriendo las puertas para acudir a nosotros ante cualquier situación.”
La comunidad de La Primavera cuenta con cinco mil habitantes que tienen título comunitario de cinco mil hectáreas -originalmente eran diez mil- de las cuales sólo tres mil quinientas resultan habitables y muchas de sus tierras, de las cuales poseen título, están siendo entregadas en manos de terratenientes o les son quitadas de diferentes formas. El actual territorio donde se encuentran no cuenta con los recursos naturales suficientes para poder subsistir; les falta el alimento, agua y hierbas medicinales esenciales para la vida. Necesitan las tierras, ya que sus tierras les permiten saciar estas necesidades.
“Es crucial que sus derechos sean respetados. Es terrible que el mismo Estado que les reconoce como comunidades originarias de la Argentina y les dá los títulos de las tierras, sea el mismo Estado que ahora se las quita sabiendo que de ellas depende su subsistencia.” señaló Gabriela Boada, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Argentina.
